El fiscal Guillermo Marijuan solicitó oficialmente a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, la baja de 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que no cumplen con el requisito de residencia en Argentina.
Estos beneficiarios se registraron como personas mayores vulnerables pero han regresado a sus países de origen hace más de 60 días, según registros migratorios.
La acción del fiscal Marijuan se basa en una investigación de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS),.
El perjuicio mensual estimado para las arcas del Estado debido a estos beneficiarios que residen fuera del país alcanza los $449.341.802 millones, con una cifra anual que supera los $5.842.000.000.
