Con la expectativa de que se rompa el pacto de silencio entre los siete principales acusados, este martes comenzó en Corrientes el juicio oral y público por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años desaparecido en un paraje rural de 9 de Julio, a casi 200 kilómetros de la capital provincial.
Siete personas están imputadas por haber participado directamente en el hecho, mientras que otras diez fueron acusadas de entorpecer la investigación y retener a testigos clave para manipularlos.
Han transcurrido 734 días desde el 13 de junio de 2024 y el destino de Loan permanece como un enigma que la Justicia aún no ha logrado esclarecer. Las pericias confirmaron que el niño no se extravió en el complejo paisaje de lagunas, montes y pastizales, sino que fue sustraído por alguien.
Uno de los principales involucrados es Bernardino Antonio Benítez, tío político de Loan, quien ese día poco después de las 13:30 propuso ir a recoger naranjas a una tapera situada a unos 600 metros de la casa de Catalina Peña, abuela del niño.
Ese día, Catalina había organizado un almuerzo en honor a San Antonio de Padua, al que asistieron su hija Laudelina Peña, una pareja de amigos —Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi—, y Carlos Guido Pérez, ex capitán de navío, junto a María Victoria Caillava, entonces funcionaria municipal.
José Peña, padre del niño, no conocía del almuerzo y llegó a caballo junto a Loan, quien nunca había estado antes en la casa de su abuela paterna. Loan se sumó al paseo en el último momento, cuando su padre ya estaba listo para partir.
Tras el almuerzo, Benítez tomó una bolsa y se dirigió a la tapera acompañado por Ramírez, Millapi y varios niños, entre ellos Loan. Laudelina y su sobrina Camila caminaron solo hasta una tranquera y retornaron a la vivienda.
Alrededor de las 14, Benítez mantuvo una prolongada llamada telefónica con Laudelina, supuestamente para consultarle si Loan había regresado solo porque no lograban encontrarlo. Según los investigadores, en esa conversación se habría acordado cómo sacar al niño de El Algarrobal.
Cuando la desaparición de Loan fue informada a Catalina, Pérez y Caillava decidieron regresar a 9 de Julio en la camioneta Ford Ranger, ya que poco después había un partido de River.
Una semana después, Pérez y Caillava quedaron fuertemente comprometidos con la sustracción, tras haberse detectado el olor del niño en la camioneta y en un vehículo utilizado por ellos para viajar a Chaco. En los días siguientes a la desaparición, Pérez envió un mensaje al comisario local expresando temor a que le plantaran evidencias, aunque en ese momento no eran sospechosos.
La hipótesis oficial indica que en el naranjal Millapi y Ramírez entretuvieron a los niños mientras Benítez llevaba a Loan hasta el camino que conecta la casa de Catalina con la ruta 123, donde presumiblemente fue trasladado en la camioneta de Pérez.
El comisario Walter Adrián Maciel también está acusado de un papel clave en la causa. Se le imputa haber registrado un horario falso en el reporte de desaparición de Loan y, junto a Laudelina, haber “plantado” el calzado del niño en un lodazal alejado de El Algarrobal. Este hallazgo permitió sostener durante varios días la hipótesis de que Loan se había extraviado.
Diez días después de la desaparición, llegó a 9 de Julio un grupo que aseguraba contar con el respaldo de la Fundación Lucio Dupuy, versión que fue posteriormente desmentida por su titular, abuelo de un menor asesinado en La Pampa.
Entre ellos se encontraban Alan Juan José Cañete, perito en criminalística y estudiante de abogacía, y la abogada Elizabeth Noemí Cutaia, quienes realizaron una reconstrucción del hecho sin autorización judicial.
En julio de 2024, Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano”, se destacó en el grupo presentándose falsamente como agente de Interpol y de los servicios de inteligencia estadounidenses, aunque solo contaba con una licencia de conducir de Miami. Custodiaba a testigos clave alojados en el hotel Despertar del Iberá, donde protagonizó un fuerte enfrentamiento con la Prefectura y promovió la hipótesis vinculando la causa con el narcotráfico.
El grupo también incluía a Pablo Javier Noguera (chofer y pareja de Cutaia), Valeria Liliana López (operadora de violencia de género), la abogada Delfina Taborda, el policía y abogado Leonardo Daniel Rubio, Verónica Paola Machuca Yunis y Pablo Gabriel Núñez, ambos estudiantes de psicología, y el psicólogo Federico Rossi Colombo.
La mayoría de estos acusados enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad —por mantener encerrados a testigos—, entorpecimiento de la investigación y apropiación indebida de fondos municipales destinados a gastos de logística. Las penas podrían alcanzar hasta diez años de prisión. Noguera, Rubio y Taborda están imputados en forma menos grave y, de ser condenados, recibirían sanciones menores.
El Tribunal Oral Federal está integrado por Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, mientras que los fiscales a cargo de la acusación son Carlos Schaefer y Tamara Pourcel.
El juicio, con una duración estimada no menor a cuatro meses