60 «muebleros prestamistas» colombianos detenidos tras allanamientos en Corrientes y otras provincias

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Se realizaron más de 50 allanamientos simultáneos en varias ciudades de Corrientes, Entre Ríos y Bahía Blanca por los delitos de usura y lavado de activos. En el expediente figuran además registros de amenazas y coacciones para obtener la devolución de los préstamos concedidos.

El titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, doctor Martín Vega, dispuso las detenciones en el marco de la exhaustiva investigación a los pseudos «muebleros domiciliarios» que utilizaban esta actividad como fachada para préstamos «gota a gota»

En la jornada de éste miércoles se ordenó más de medio centenar de allanamientos en Curuzú Cuatiá, Corrientes Capital, Goya y ciudades de la provincia de Buenos y Entre Ríos en el marco de una investigación sobre presuntos delitos financieros y otros conexos llevados a cabo por personas de nacionalidad colombiana pero radicadas en Argentina.

Fuentes judiciales informaron que el doctor Vega “ordenó allanamientos en todo el país con motivo de la investigación de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita”. Los hechos investigados se habrían originado en lo que se denomina “préstamos gota a gota”.

“Esta modalidad de préstamos usura no es legal”, aclararon los voceros del Poder Judicial y detallaron que en el expediente figura “registros de amenazas y coacciones para obtener la devolución de los préstamos concedidos”.

Otras fuentes consultadas manifestaron que procedimientos similares se registraron durante la mañana en las ciudad de Corrientes (en la zona del campus de Derecho) y la de Goya. Los allanamientos fueron tanto en domicilios particulares como en talleres, de donde se incautaron muebles allí construidos para su posterior oferta en la vía pública.

Un informante, de manera extraoficial, detalló que “en Bahía Blanca se realizó 6 allanamientos, donde se logró la detención del presunto jefe de la banda. Además incautaron gran cantidad de pesos y moneda colombiana”.

La investigación tuvo su origen a fines de 2018 con la denuncia de un comerciante, quien manifestó ante la Policía que personas que le habían otorgado un microcrédito fueron hasta su negocio, provocando destrozos, propinándole golpes y amenazándolos de muerte.

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