La iniciativa volvería a tratarse el próximo martes 3 de noviembre en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate. El oficialismo nacional podría reunir siete votos contra cinco para avanzar con la propuesta. La definición dependería nuevamente de dos sectores cuyos posicionamientos ya generaron cuestionamientos: la representante de los productores, Marisol Fracalossi, y el sector de los trabajadores rurales, a través de UATRE.
El Gobierno nacional buscaría avanzar nuevamente con la modificación del sistema de fiscalización de la actividad yerbatera y otorgarle un papel central al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en los controles que actualmente desarrolla el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
La iniciativa podría volver a discutirse durante la reunión del Directorio prevista para el martes 3 de noviembre. Según trascendió, la conducción del organismo tendría los votos necesarios para conseguir una mayoría de siete voluntades contra cinco y avanzar con el proyecto impulsado desde Nación.
La atención está puesta especialmente en dos representaciones: Marisol Fracalossi, por el sector de la Producción, y el representante de los trabajadores rurales vinculado a UATRE. Ambos apoyos serían determinantes para alcanzar la mayoría que necesita el oficialismo.
La preocupación de distintos sectores yerbateros tiene un antecedente reciente. El pasado 9 de octubre, el presidente del INYM, Rodrigo Correa, consiguió reunir siete votos para designar a Rosana Biale como gerenta general y a Sebastián Pratto al frente de Auditoría Interna. Aquella votación también generó cuestionamientos por el acompañamiento de representantes que habían recibido reclamos de sus propios sectores.
¿Qué propone el Gobierno nacional?
El proyecto de reordenamiento normativo contempla modificar el funcionamiento de los mecanismos de registro, información y fiscalización de la cadena yerbatera.
Entre los principales cambios se encuentran:
- Trasladar al SENASA parte de las tareas de registro, inspección y fiscalización que actualmente realiza el INYM.
- Crear un Registro Unificado de Operadores del Sector Yerbatero.
- Reemplazar progresivamente declaraciones juradas y registros propios del Instituto por información proveniente de los sistemas nacionales.
- Utilizar el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) para registrar movimientos de la producción.
- Derogar 21 resoluciones del INYM vinculadas con distintos aspectos del funcionamiento de la actividad.
Desde el Gobierno nacional, la propuesta se presenta como una reorganización administrativa orientada a simplificar trámites y evitar superposiciones de funciones.
El rechazo de productores y representantes de Misiones
La iniciativa ya había encontrado resistencia dentro del propio Instituto. En septiembre, la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control resolvió no avanzar con el proyecto en los términos presentados y recomendó continuar con el análisis de cada uno de sus puntos.
Entre los cuestionamientos planteados desde Misiones aparece la preocupación por la pérdida de herramientas de control del INYM y la posibilidad de que el SENASA no cuente con los recursos ni con los mecanismos específicos necesarios para reemplazar todas las funciones que actualmente desarrolla el organismo yerbatero.
También hubo objeciones relacionadas con los controles de calidad, la trazabilidad de la materia prima y la fiscalización de la yerba mate importada.
Una decisión que impacta en toda la cadena yerbatera
La discusión se desarrolla en un contexto complejo para la producción primaria, marcado por los reclamos de los productores ante los bajos valores que reciben por la hoja verde y la preocupación por la rentabilidad de las chacras.
Por ahora, no está confirmado que el proyecto vaya a someterse a votación el próximo martes. Sin embargo, la posibilidad de que el oficialismo reúna siete voluntades vuelve a encender el debate sobre el futuro institucional del INYM y las herramientas que conservará para controlar la actividad.
La pregunta central es si el Instituto mantendrá sus capacidades de fiscalización o si avanzará hacia un nuevo esquema en el que el SENASA tendrá mayor protagonismo.
La reunión del 3 de noviembre será clave para conocer el rumbo de una discusión que involucra directamente a productores, trabajadores, secaderos e industrias de Misiones y Corrientes.