Sospechas de corrupción La Cámara Federal confirmó el procesamiento y prisión preventiva de Cristina Kirchner por sobornos y cartelización en la obra pública

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Es una causa conexa a la de los cuadernos de las coimas. La decisión también recae sobre De Vido y José López. Antes, el tribunal le había revocado otros dos procesamientos.

Cristina Kirchner avaló la cartelización de la obra pública y el pago de sobornos en relación a la misma, según confirmó la Sala I de la Cámara Federal porteña. Sus jueces respaldaron la decisión del juez Claudio Bonadio, que había procesado a la electa vicepresidenta como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, en este caso puntual de empresarios vinculados a la obra pública. Este expediente está relacionado con la causa de los cuadernos de las coimas. La Cámara también confirmó las acusaciones sobre varios ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, y empresarios nucleados a la Cámara de la Construcción.

La sentencia es además un fuerte apoyo a Bonadio, y un mensaje inequívoco, a 48 horas de la elección de Cristina como futura vicepresidenta de la Argentina.

Antes de este fallo, la misma Cámara le había dado una buena noticia a la ex presidenta: le revocó dos procesamientos en otros expedientes, uno en una causa por coimas en los corredores viales y el otro en el caso del gas licuado.

Cuando asuma como vicepresidenta, el 10 de diciembre, Cristina Kirchner contará con diez procesamientos en causas por corrupción y al menos cinco pedidos de prisión preventiva confirmados por la Cámara.

Mientras el expediente principal de la causa que inició con los ocho cuadernos escritos por el ex chofer Oscar Centeno ya fue enviado a juicio oral, la Cámara dio por corroborada la intervención de los funcionarios imputados en este expediente conexo, respecto «a un acuerdo previo y a la división de tareas, con un claro dominio funcional del hecho», para una distribución de la obra pública.

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La Sala I, integrada por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó también el procesamiento de Julio De Vido y José López, entre otros ex funcionarios.

Pero a su vez, la Cámara limitó el alcance de las constructoras involucradas en el expediente, porque solo tuvo en cuenta para la acusación contra los empresarios un listado aportado por el financista Ernesto Clarens. Bonadio había incluido en su procesamiento a más empresas de las que están en ese listado.

Sobre la maniobra investigada, los camaristas señalaron que el «mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública, tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por los antes nombrados«, es decir por Cristina Kirchner y los ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.

«Tampoco está demás rememorar que cada pago emprendía su camino en las oficinas y dependencias de las distintas empresas interesadas para concluir, tras una breve escala en las oficinas de Clarens y los despachos de los funcionarios, en dos lugares muy sugestivos: la Quinta Presidencial de Olivos o el departamento sito en las calles Uruguay y Juncal de esta ciudad, donde tenían su domicilio los ex mandatarios presidenciales a lo largo del período investigado», indica la resolución.

Por ello consideraron que los hechos comprendidos en este expediente, «se engarzan, justamente, en el mismo patrón descrito en anteriores pronunciamientos referidos a aquella estructura recaudatoria instaurada desde las más altas esferas de la Administración Pública Nacional».

La acusación

Al procesar a la actual senadora, Bonadio a había señalado que se estaba ante «una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años».

Por ello, decidió ampliar el procesamiento contra la ex mandataria y el embargo llevándolo a 11.502 millones de pesos. Cristina en la Justicia ya acumula embargos por más de 25.000 millones de pesos sumando todas las causas en las que está procesada.

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En este expediente se investigó el otorgamiento de contratos de obra pública civil a cientos de empresarios. Se sostuvo que en el área del Ministerio de Planificación Federal «por indicaciones del Presidente Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles».

Se remarcó que las empresas que resultaban beneficiadas con aquélla asignación, como contrapartida, «debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación».

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En el caso específico de la Dirección Nacional de Vialidad, que quedó involucrada en este tramo de la causa, se determinó que los actos de adjudicación de las obras se formalizaban por intermedio de resoluciones suscriptas por el entonces Administrador General Nelson Periotti, y en cuanto a las entregas de dinero, «en el caso de que se abonaran anticipos financieros, la suma oscilaba entre el diez y el veinte por ciento del monto ofertado por la obra; y para el supuesto de que en las obras no se efectuaran tales pagos, se establecían montos equivalentes a una determinada cantidad de certificados de obra».

Al detallar cómo funcionó la cartelización de la obra pública se responsabilizó a Julio De Vido, José López, Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción), Ernesto Clarens (financista), y a las autoridades de Vialidad Nacional .

En consecuencia, se procesó a más de un centenar de empresarios que «participaban de este sistema, al igual que sus directivos y/o accionistas, junto a las personas que concurrían a efectuar los pagos por las mismas» a ex funcionarios kirchneristas.

Una vez más, el juez Bonadio se refirió a las entregas de los fondos ilegales al señalar que se realizaban «semanalmente; al inicio en dos ocasiones, y luego, en una oportunidad, siendo que la suma total entregada fue superior a los 30 millones de dólares. Incluso mencionó información, transmitida por Muñoz, acerca del destino que se le daba a ese dinero, que viajaba en aviones oficiales hacia las ciudades de Río Gallegos y de El Calafate, y era resguardado en una bóveda instalada en el subsuelo de la residencia del matrimonio Kirchner-Fernández, en El Calafate».

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